Opinión| Políticas de Juventud en El Salvador: batallas, victorias e incertidumbre

Opinión| Políticas de Juventud en El Salvador: batallas, victorias e incertidumbre

Hablar de juventudes es hablar de características ampliamente diversas que convergen en un territorio un poco mayor a los 21,000 kilómetros cuadrados y que, según el último censo de población y vivienda realizado en el año 2007 representa un poco más del 50% de la población total. La Ley General de Juventud de El Salvador reconoce a una persona como joven, cuando su edad oscila entre los 15 y 29 años.

Después de los Acuerdos de Paz, los esfuerzos de la política salvadoreña estuvieron centrados en crear un orden de índole político e institucional del Estado, dejando de lado, muchos problemas estructurales que llevaron a nuestro país a un conflicto armado que se extendió en más de una década y que concluyo con la pérdida de miles de vidas.

Allá por el año 1999 y 2000, surge un Movimiento Pro Ley de Juventud, que empieza a hacer una consulta territorial, lobby y cabildeo en la Asamblea Legislativa. Este esfuerzo de realiza para entregar un primer anteproyecto de Ley de Juventud, el cual no tuvo el apoyo esperado y pasaría a ser archivada.

Paralelamente se profundizaba un tema que no tuvo de parte del Estado la atención requerida y con la que hoy en día vivimos consecuencias de esa desatención: las pandillas.

A partir de ese momento, las juventudes han sido ampliamente estigmatizadas, no solo por el hecho de las pandillas, sino también, por su “inexperiencia”, por su “falta de seriedad” y hoy en día por sus lugares de origen (cantones, comunidades, colonias, etc.).

Durante el Gobierno de Francisco Flores, existió una Dirección Nacional de Juventud, adscrita al Ministerio de Educación, cuyas acciones no eran profundas y no respondían a una Planificación o apuesta Estratégica, solo se vinculaba a la educación como tal.

La organización juvenil por otro lado, empezaba a manifestarse con diferentes expresiones y diferentes banderas de lucha. Surgieron Redes, Comités, Brigadas, Asociaciones, Bloques, Plataformas. Organizaciones que fueron –y siguen siendo- señaladas como “revoltosas” por sus objetivos políticos o luchas, por ejemplo, aquellas vinculadas a estudiantes de educación media y superior.

Para el año 2004, con la llegada de Elías Antonio Saca a la Presidencia de la República, se crea la Secretaría de la Juventud y con esta se crea el Plan Nacional de Juventud 2005-2015, el cual, tenía un primer intento de Agenda Programática, pero se quedaba corto, por el alcance que pudiera tener a raíz del presupuesto asignado y la débil institucionalidad que la ejecutaba.

Para ese momento, las organizaciones juveniles habían trascendido del activismo local a la articulación nacional y el establecimiento de rutas de trabajo para poner en agenda la necesidad de contar con herramientas que le garantizaran a las juventudes tener un desarrollo integral y mayor acceso a oportunidades en todos los ámbitos.

A nivel internacional, la Organización Iberoamericana de Juventud, en 2005 dio vida a un tratado denominado Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes (CIDJ) y que entraría en vigencia desde el año 2008, mismo año en que en nuestro país se convertiría en sede de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno denominada “Juventud y Desarrollo”, paradójicamente, ese mismo Tratado creado en el 2005 y que entraría en vigor el año de la Cumbre, no tuvo la firma ni la adhesión del Estado Salvadoreño y el único instrumento en materia de juventudes para nuestro país era el Plan Nacional de Juventud.

De hecho, el término “juventudes” en nuestro país termina de reconocerse previo a la Cumbre Iberoamericana a partir de la interrelación generada entre organizaciones juveniles, ONG´s y Cooperación Internacional con espacios como la Plataforma Nacional de Juventudes de El Salvador (PLANJES) y la Coordinadora Intersectorial Pro Juventudes de El Salvador (CIPJES), quienes eran los espacios que aglutinaban a la mayoría de expresiones organizativas de juventudes del país. Reconocer a las Juventudes es reconocer la amplia diversidad de estas, las amplias necesidades y por ende, implica llevar a cabo acciones concretas, específicas y estratégicas.

El año 2008, siendo un año preelectoral por las Elecciones Presidenciales que se avecinaban para el año 2009, el tema de la estigmatización ya no era la principal lucha, sino que, ya se pensaba en poder generar acuerdos multisectoriales para crear herramientas e instrumentos que permitieran contar con oportunidades reales para las juventudes. Aun así, previo a las elecciones las diferentes fracciones legislativas plantearon ofertas de Legislación en materia de juventudes; el tema ya estaba en la agenda, faltaba centrar más acciones alrededor de la misma para ganar una batalla.

Con la movilización de las juventudes organizadas, el respaldo de ONG´s y Cooperación Internacional se logra entregar a los 2 candidatos a la Presidencia por parte de los partidos FMLN y ARENA un documento denominado “Pacto por la Juventud Salvadoreña”, el cual, planteaba entre otras cosas la necesidad de contar con un Marco Jurídico a favor de las juventudes (una Ley), una Institucionalidad rectora de las Políticas Públicas dirigidas a las juventudes, un Consejo Nacional de la Persona Joven que permitiera la participación de las juventudes organizadas en la definición de las políticas públicas y la contraloría a las mismas; por último, se planteó la necesidad de contar con una Mesa de Seguimiento a ese pacto que tuviera la participación de esos mismos actores que impulsaron y apoyaron esas propuestas, es decir, un espacio multisectorial integrado por Juventudes Organizadas, Instituciones, ONG´s, Cooperación Internacional.

Para los años posteriores, se iniciarían a materializar esas propuestas aunque con algunos mensajes confusos, por ejemplo: desaparecería la Secretaría de la Juventud adscrita directamente al Ejecutivo y se crearía la Dirección de Juventud, vinculada a la nueva Secretaría de Inclusión Social, es decir, se asumió como un retroceso en ese momento.

Sin embargo, tomando como referencia las demandas planteadas en el Pacto, se inició un Diálogo Nacional con Juventudes que generaría los insumos para la creación de la Política Nacional de Juventud y más tarde desde las juventudes organizadas se harían los esfuerzos de incidencia, lobby y cabildeo para la creación, aprobación y entrada en vigencia de la Ley General de Juventud que entre otras cosas reconoce los Derechos de las Juventudes, le da vida a la Institucionalidad rectora de las 7 Políticas Públicas de Juventud establecidas en la Ley y crea un espacio de participación juvenil.

Las luchas logradas tienen una sola autoría: las juventudes organizadas. Aunque hay muchas tareas por delante, las políticas públicas establecidas en la Ley recién se encuentran dando frutos, como es el caso de Jóvenes con Todo, un programa que también pasó por una amplia estigmatización, una fuerte campaña puso a sus beneficiarios el título de “ninis”, estigmas y etiquetas que los resultados del programa disminuyeron.

Hasta este año 2019, se ha avanzado mucho, sin embargo, desde la institucionalidad y las nuevas autoridades ha vuelto la consigna de “Sin estigmatización” algo que hace pensar que hemos retrocedido 15 años, que además hace pensar que regresaremos a las acciones vacías, acciones simbólicas y decorativas, llevando pintura y brochas, palas y escobas a comunidades, pero dejando a un lado programas cuyo objetivo buscaba dar un paso fuerte en relación a los problemas de las juventudes.

Las políticas públicas deben tener una relación directa entre la población y el estado, sino, solo son acciones que no responden a necesidades o problemas estructurales y por ende, carecen de objetivos claros y no plantean, ni consiguen resultados estratégicos.

Si se piensa gobernar para las juventudes, se debe tener en cuenta el proceso histórico, reconocer que las Políticas Públicas de Juventud han evolucionado y que desde hace 10 años se piensa y se trabaja en acciones estratégicas y planes estratégicos. Las juventudes necesitan empleo digno, educación de calidad, educación superior, seguridad, espacios de participación, no acciones simbólicas, vacías y decorativas.

Lo logrado hasta hoy no es gracias a los Gobiernos, es gracias a las juventudes organizadas, las cuales, siempre están ahí y regresarán, no para ir en contra de un Gobierno, sino, como siempre, para reivindicar derechos y aportar como siempre ha sido.

Para las nuevas autoridades, es importante que ordenen sus ideas –esas que dicen ser nuevas-, manejar el ímpetu para saber reconocer que hay programas como Jóvenes con Todo que deben continuar y plantear nuevas propuestas apegadas a la realidad, a los nuevos tiempos, para ello, será necesario que en lugar de solo visitar lugares y recorrer comunidades definan metodologías claras para elaborar diagnósticos antes de ofertar proyectos “atractivos”.