Honduras: La historia de Rommel y las violaciones de Derechos Humanos por parte del Estado

Honduras: La historia de Rommel y las violaciones de Derechos Humanos por parte del Estado

Honduras vive una realidad política similar a la de Centroamérica en la década de los setentas. El Estado Hondureño ha implementado una serie de medidas anti populares desde que los poderes fácticos de Honduras realizaron el Golpe de Estado en 2009.

La realidad de aquellos que se oponen a estas medidas es dura. Manifestantes, observadores de Derechos Humanos y periodistas sufren una fuerte persecución política por parte del gobierno de Juan Orlando. Esto es una realidad.

El 31 de mayo, una marcha en contra de las entonces recién anunciadas medidas de privatización de los servicios de salud y educación caminaba las calles de Tegucigalpa.
En algún momento la manifestación se encuentra frente a la Embajada de los Estados Unidos. Ahí hombres encapuchados llevaron llantas y gasolina, las llamas se levantaron frente a la puerta principal de la Embajada.

En esta marcha, un maestro cuya plaza había sido congelada y que realizaba estudios en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras se encontraba entre los manifestantes. Su nombre es Rommel Herrera, un estudiante que se une a miles en contra de las medidas del gobierno. Los sucesos que ocurren frente la Embajada son extraños, especialmente por la absoluta ausencia de las fuerzas de seguridad del gobierno y de la Embajada a la que nos hemos acostumbrado. Es más, el grupo de encapuchados que llevaron la llantas a la embajada, lo hicieron usando una carretilla de supermercado que llevaron por cuadras, sin ninguna intervención de la policía o ejército que han dejado en Honduras un precedente de rápido y usualmente “efectivo” accionar para disolver manifestaciones. Rommel es capturado por miembros de la policía poco después, por haber estado en la embajada, aunque no tuvo una participación directa en el supuesto incendio. Por este hecho, él cumple una condena indefinida. 

Después de hora y media en una delegación de la Policía Nacional, Rommel Herrera es trasladado a “La Tolva”, una cárcel de máxima seguridad ubicada en El Paraíso. En el camino, Herrera sufre abusos por parte de los cuerpos de seguridad: tortura psicológica presentada en forma de amenazas de violación sexual, y agresión física, en el momento que los agentes que le transportan, le restriegan en la cara componentes químicos de una bomba de gas lacrimógeno. Esta es solo uno de muchos casos en los que los cuerpos de “seguridad” Hondureña sobrepasan el uso “aceptable” de la fuerza. Solo en los primeros años del post-golpe se registraron por la Comisión de la Verdad, un total de 69 casos de tortura física y psicológica; así como 238 casos de lesiones graves y golpes.

La inexistencia del debido proceso

El cumplimiento de los procesos legales de los presos políticos parece depender de las autoridades que injustamente los privaron de libertad.. Es algo que solo puede describirse como una clara burla al Estado de derecho. Si el gobierno no quiere cumplir medidas de un Juez, no lo hace. Parece ser el fin de la historia, aunque las familias y las defensas de los presos políticos agoten todas las instancias, quién decide si cumplir o no con la ley misma es el ejecutivo.
Cuando un Juez decretó el traslado de celdas de los tres presos politicos hacia un area comun, Centros Penales decidió ignorar la orden judicial.

Rosa Gudiel, quien funge como Directora del Instituto de Centros Penales es nombrada por testigos como una de las principales funcionarias que ordena obviar órdenes judiciales.
 

La Tolva y la realidad de un preso político 

En La Tolva cumplen condenas dos presos políticos más, Edwin Espinal y Raúl Álvarez. La Tolva presenta condiciones infrahumanas. Condiciones insalubres, comida cruda y el acceso a una cantidad de agua apenas suficiente para mantenerse con vida son apenas un vistazo a las vidas de los presos políticos de La Tolva.
En 2018, la abogada de Espinal y Álvarez denunció que el personal de Centros Penales no atiende las urgencias médicas de los opositores del gobierno.
Los prisioneros de La Tolva se mantienen en confinamiento solitario, recibiendo entre una y dos horas de sol y aire al día, con las excepciones de los periodos de castigo que llegan a durar hasta un mes. Durante estos intervalos, los privados de libertad no pueden salir de sus celdas.

Las condiciones para la defensa y los familiares de los presos políticos también son inhumanas.
Si los familiares desean ver a los privados, deben pagar un permiso. Dicho permiso cuesta hasta 4000 LP, un aproximado de 165 dólares Americanos y se paga semanalmente. Esto significa que al mes, una familia debe pagar 660 dólares para ver cuatro veces a sus familiares que cumplen condenas políticas - El salario mínimo de Honduras es de 431 Dólares-.

Rommel Herrera aún no tiene una condena en firme, podría pasar privado de libertad hasta 17 años por un delito que no cometió.

“Quiero decirle a mi hijo, que al dormir, piense que cada día es uno menos” Maricruz Varela madre de Rommel Herrera.